Avons-nous mérité cette « Elisabethmania »?

Les aficionados de la famille royale auront passé toute leur matinée à regarder ou écouter les émissions spéciales, dégoulinantes de guimauve, consacrées par les chaînes publique et privée à l’anniversaire d’Elisabeth, fille aînée du couple royal, dont plus personne ne peut sans doute ignorer qu’elle célèbre son dix-huitième anniversaire, et qu’elle devient donc majeure.

Celles et ceux qui ne sont pas sensibles à cette brusque et un peu surannée « Elisabethmania » n’ont donc eu de choix que de se tourner vers les chaînes étrangères, pour échapper à l’ambiance empesée qui a marqué un événement autrement festif, pour tous les autres jeunes de cet âge, dont la préoccupation première est souvent de passer leur examen de permis de conduire, afin de marquer leur autonomie.

Cette préoccupation n’est sans doute pas première pour la jeune princesse. D’abord parce que d’autres responsabilités l’attendent… peut-être. Et puis parce que si elle veut se déplacer, des chauffeurs sont sans doute à sa disposition.

Quitte à doucher l’enthousiasme des commentateurs plus royalistes que le roi, il faut pourtant rappeler qu’il est un peu prématuré de décrire cette jeune personne comme « future reine des Belges ». Car, d’ici à son accession à la responsabilité éventuelle de cheffe d’Etat, bien des choses peuvent se passer. La plus dramatique, que nous n’évoquerons quà titre indicatif, serait qu’elle disparaisse avant son père, le roi Philippe. Idée sacrilège? Les contrats d’assurance sur la vie sont remplis d’hypothèses de ce type.

D’autres contingences pourraient empêcher son accession au trône de Belgique. La première, serait… qu’il n’existe plus de Belgique. Les partis indépendantistes flamands ne sont pas loin d’arriver ensemble à la moitié des sièges au Vlaams Parlement. Si un jour, ils l’atteignent, on ne donnerait plus cher du cordon sanitaire, qui tient le Vlaams Belang à l’écart de toute forme de pouvoir depuis bientôt trente ans. Rien ne dit non plus que l’indépendance de la Flandre l’emporterait, lors d’un référendum du type de celui qui s’est déroulé jadis au Québec, naguère et peut-être bientôt en Ecosse, et que la Catalogne n’a pu organiser de manière ordonnée.

Une autre hypothèse serait que la Belgique… ne soit plus une monarchie. « La Belgique a besoin de monarchie comme de pain », a souvent répété l’historien émérite liégeois, Francis Balace, fasciné par la monarchie belge, citant un aphorisme prononcé au XIXeme siècle. Mais la Belgique de plus en plus fédérale n’a plus rien à voir avec la Belgique unitaire des débuts, et qui sait, un jour, Flandre, Wallonie, plus Région bruxelloise et Région germanophone, pourraient décider d’un mode d’organisation de l’Etat sur le modèle de la Yougoslavie de Tito, avec une présidence de la République tournante?

Foutaises que tout cela? Peut-être. Comme l’hypothèse qu’Elisabeth, le jour venu, renonce au trône. Ou qu’on découvre dans son passé un élément l’empêchant d’accéder à la fonction de chef d’Etat. Du style fraude fiscale à grand échelle, adhésion à un parti rattachiste, ou autre cause dirimante.

Reste enfin la conjonction d’éléments (Elisabeth survit à son père, ou vit au moment de son abdication éventuelle; la Belgique existe toujours et est toujours une monarchie; la princesse est prête à assumer la fonction; et aucun obstacle ne se dresse sur sa route): voilà pourquoi on devrait dire qu’elle est non pas la « future reine des Belges« , mais la « future reine présomptive des Belges« . Tant il est vrai que, comme l’avait dit Albert Camus, « mal nommer les choses, c’est aujouter au malheur des gens ».

En Cataluña, los extremos se combinan

El día después de la manifestación del monstruo -¿unos 565.000? – de los independientes catalanes, este viernes, la situación sigue siendo confusa en Cataluña. Y el dimisionario Primer Ministro socialista, Pedro Sánchez, se encuentra atrapado entre dos extremos, que quieren empujarlo a la culpa: la extrema derecha pide la detención del Presidente de la Generalitat, Quim Torra; el Partido Popular, cuya enorme responsabilidad por el deterioro de la situación en Cataluña hay que recordar, pide el establecimiento de un estado de emergencia o la suspensión de las autoridades catalanas…. y es probable que los independentistas no quieran más que uno u otro.

Mientras tanto, el callejón sin salida continúa. No bastará con que los independentistas catalanes salgan a la calle para revocar las escandalosas sentencias de sus dirigentes encarcelados y de los condenados a duras penas de prisión. Y de la misma manera, es difícil ver cómo puede volver la calma.

Una ley que permite el encarcelamiento de representantes electos por « rebelión » o « sedición » no tiene cabida en el arsenal legislativo de un país democrático. Los líderes independentistas condenados también fueron acusados de malversación de fondos públicos, es decir, de la organización de un referéndum considerado ilegal: esta acusación no puede utilizarse en ningún caso para justificar condenas de este tipo.

Pero como en cualquier sociedad democrática, el poder judicial es independiente del poder político, y no le corresponde al gobierno de Sánchez anular esta sentencia, que los condenados pueden y van a impugnar, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta es la forma normal de avanzar.

Lo que podría proponer el ministro de Justicia español, a través de la fiscalía, es la puesta en libertad de los representantes detenidos, ya sea en libertad condicional, amnistía o indulto. Pero tal medida parece difícil de tomar en el contexto actual, porque parece estar dando paso a la ley de la calle.

La cuestión ahora es cómo salir de ella. Y así saber cómo llegamos allí, sin detenernos en el pasado.

• La responsabilidad del Partido Popular en la deriva de Cataluña ha vuelto a ser subrayada este fin de semana por el Secretario General del PSOE. Lo remitió al gobierno de Rajoy, y a la forma en que gestionó la situación derivada del referéndum organizado, más allá de su propio mandato, por el gobierno de Carles Puigdemont en 2017. La responsabilidad del PP debe retroceder en el tiempo, hasta el momento en que el gobierno socialista de José Luis Zapatero canceló el estatuto de autonomía concluido con los autonomistas catalanes, antes de los gobiernos de derechas. La aplicación de este estatuto quizás lo habría hecho, porque no podemos rehacer la Historia evitando el estancamiento actual.
• Los independientes catalanes también tienen una gran responsabilidad en el deterioro de la situación. ¿Tenemos que recordar que si obtuvieron la mayoría en dos ocasiones en el Parlamento de Cataluña, a través de un proceso electoral inteligente, nunca obtuvieron la mayoría en las urnas? Celebrar un referéndum sobre la independencia en 2017 en este contexto fue abusar del mandato que se les había dado. Lo sabían bien; habían anticipado correctamente la reacción del gobierno de Rajoy, que no hacía más que reforzar sus posiciones. La combinación de los extremos les ha beneficiado especialmente.
• Este referéndum celebrado en este contexto no tuvo ninguna posibilidad de dar un resultado claro. Podría hacerlo tanto más cuanto que la campaña electoral que la precedió, como la campaña de Brexit en el Reino Unido, nunca abordó problemas fundamentales, sino que se centró en argumentos sentimentales, como « los Catalanes no son apreciados por los Españoles », o « los Catalanes fueron oprimidos bajo el franquismo ». Este último punto es indiscutible… pero los Catalanes, o Vascos, no son los únicos que fueron oprimidos por el franquismo. Y, como recordatorio, dos generaciones nos separan de la muerte de Caudillo, que murió en 1975. Cuarenta y cuatro años después de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos, que habían sufrido bajo la ocupación nazi, se regocijaban con los Alemanes por la caída del Muro de Berlín, anunciando la reunificación de las dos Alemania.
• Además, al igual que en la campaña electoral de Brexit, esta campaña electoral en Cataluña estuvo marcada por mentiras dirigidas a los votantes. Las dos principales eran decir que Cataluña pasaría automáticamente a formar parte de la Unión Europea, y que su moneda sería el euro. Aunque no haya razón para negar a una Cataluña independiente el acceso a Europa, debería, como cualquier otro país candidato, pasar por un proceso de adhesión más o menos largo. Y, en principio, el euro no podría ser su moneda mientras tanto.
• El conflicto catalán es un choque entre dos nacionalismos: el catalanes y el nacionalismo español. Las primeras víctimas son los Catalanes antiindependentistas, que, por el momento, no se atreverían a expresar su opinión, fuera de la nostalgia del franquismo, cuyos saludos fascistas no pueden reducir a los Catalanes antiindependentistas a militantes de extrema derecha. Como dijo Josep Borrell, el próximo comisario europeo español y catalán: « Los independientes catalanes niegan la’Catalanidad’ de los antiindependentistas catalanes ».
• Este tipo de nacionalismo es insidioso y común: se es un mal catalán si no se es independiente, al igual que en Flandes se es un mal flamenco si se postula la preservación de Bélgica.
• La similitud entre el nacionalismo catalán y el nacionalismo flamenco -no es casualidad que Carles Puigdemont esté apoyado por el N-VA, en su dorado exilio en Waterloo-, o con las posiciones de la Lega en Italia (que originalmente era una Lega Nord, hay que recordarlo), es el egoísmo de una región rica, que ya no quiere contribuir a los mecanismos nacionales de solidaridad. Todos estos movimientos nacionalistas están fuertemente marcados en la extrema derecha, incluso en la extrema derecha, incluso en Cataluña, donde el espectro independiente va de la extrema izquierda a la extrema derecha.
• La manifestación de intolerancia está contenida en el proyecto de Constitución catalana, presentado por la coalición Junts pel Si, formada por todos los partidos independentistas catalanes antes de las elecciones regionales de 2015. Las disposiciones contra la discriminación, se jactaban, fueron tomadas totalmente del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sólo un criterio había desaparecido de la transcripción: el de…. la lengua. Esto, en la práctica, suscitó el temor de que los catalanes de habla hispana se convirtieran rápidamente en ciudadanos catalanes de segunda clase. 

Para salir de ahí, las elecciones previstas para el 10 de noviembre en España deben celebrarse primero normalmente en Cataluña como en cualquier otro lugar. Esta puede ser una oportunidad para volver a verificar las fuerzas involucradas.

A largo plazo, los Catalanes deben tener derecho a celebrar un referéndum sobre su independencia, como han hecho los Quebequenses en dos ocasiones, o como han hecho los Escoceses. Pero sólo podemos aceptar que para estos referendos tan esenciales gañe una mayoría simple del 50% más un voto, porque esto equivale a crear dos bandos opuestos, como es el caso por el momento en Cataluña.

Para estos referendos se requerirá una mayoría significativa e indiscutible de al menos el 60% de los votos. Esto podría lograrse mediante una doble cerradura: el 75% de los votantes y el 75% de los votos a favor entre los votantes. Esto equivale a un total del 56,25% de los votantes.

¿Incapaz de alcanzar? Este es un reto para aquellos que apoyan un referéndum de este tipo.

¿Antidemocrático? Nadie lo afirmó cuando la Unión Europea fijó un umbral del 55 % para que el referéndum de Montenegro se separara de Serbia. Este umbral fue alcanzado, y la separación fue suave.

Cuando las reglas del juego se conocen de antemano, no se puede afirmar que el juego está distorsionado. ¿Excepto estar de mala fe?

Por el momento, la insurrección que continúa en Cataluña recuerda el discurso profético de despedida del difunto François Mitterrand ante el Parlamento Europeo. « El nacionalismo, recordó, es la guerra. »

Traducción realizada con el traductor http://www.DeepL.com/Translator

 

En Catalogne, les extrêmes se conjuguent

Au lendemain de la manifestation monstre – quelque 565000? – des indépentantistes catalans, ce vendredi, la situation reste confuse en Catalogne. Et le Premier ministre socialiste démissionnaire, Pedro Sanchez, se trouve pris entre deux extrêmes, qui souhaitent tous deux le pousser à la faute: l’extrême-droite réclame l’arrestation du président de la Generalitat, Quim Torra; le Parti populaire, dont il faut rappeler la responsabilité énorme dans la dégradation de la situation en Catalogne, postule l’instauration de l’état d’urgence ou la suspension des autorités catalanes… et les indépendantistes ne souhaitent sans doute rien tant que l’une ou l’autre hypothèse.

Dans l’attente, l’impasse se poursuit. Il ne suffira pas aux indépentantistes catalans de descendre dans la rue pour faire annuler les condamnations, scandaleuses, de leurs leaders emprisonnés et condamnés à de lourdes peines de prison. Et de la même manière, on voit mal comment le calme pourrait revenir.

Une loi qui permet l’incarcération de représentants élus pour «rébellion» ou pour «sédition» n’a pas sa place dans l’arsenal législatif d’un pays démocratique. Les leaders indépendantistes condamnés étaient aussi prévenus de détournement de fonds publics, soit l’organisation d’un référendum considéré comme illégal: ce chef d’accusation ne peut en aucun cas valoir des condamnations de ce type.

Mais comme dans toute société démocratique, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir politique, et il n’appartient pas au gouvernement Sanchez de renverser cet arrêt, que les condamnés peuvent et vont contester, jusqu’à la Cour européenne des droits de l’Homme. C’est la voie normale à suivre.

Ce que le ministre espagnol de la Justice pourrait proposer, par l’intermédiaire du parquet, c’est une sortie de prison des mandataires détenus, soit sous forme de liberté conditionnelle, soit après amnistie ou grâce. Mais pareille mesure semble difficile à prendre dans le contexte actuel, car cela reviendrait à paraître céder à la loi de la rue.

La question, désormais, est de savoir comment en sortir. Et donc de savoir comment on en est arrivé là, sans s’arrêter au passé.

• La responsabilité du Parti populaire dans la dérive de la Catalogne a encore été soulignée ce week-end par le secrétaire général du PSOE. Il l’a fait remonter au gouvernement Rajoy, et à la manière dont il a géré la situation née du référendum organisé, au-delà du mandat qui était le sien, par le gouvernement de Carles Puigdemont en 2017. On doit faire remonter la responsabilité du PP plus loin dans le temps, à l’époque où il a fait annuler le statut d’autonomie conclu avec les autonomistes catalans, avant les gouvernements de droite, par le gouvernement socialiste de Jose-Luis Zapatero. La mise en oeuvre de ce statut aurait peut-être, parce qu’on ne peut pas refaire l’Histoiren évité l’impasse actuelle.
• Les indépentantistes catalans ont également une responsabilité énorme dans la dégradation de la situation. Faut-il rappeler que s’ils ont obtenu deux fois, par un habile découpage électoral, une majorité en sièges au Parlement catalan, jamais ils n’ont obtenu une majorité en voix dans les urnes? Organiser dans ce contexte un référendum sur l’indépendance, en 2017, était abuser du mandat qui leur avait été confié. Ils le savaient pertinemment; ils avaient correctement anticipé la réaction du gouvernement Rajoy, qui ne faisait que renforcer leurs positions. La conjonction des extrêmes leur a surtout bénéficié.
• Ce référendum organisé dans ce contexte n’avait aucune chance de donner un résultat clair. Il le pouvait d’autant moins que la campagne électorale qui l’a précédé, à l’instar de la campagne sur le Brexit au Royaume-Uni, n’a jamais abordé des problèmes de fond, mais s’est concentrée sur des arguments sentimentaux, du type «Les Catalans ne sont pas appréciés des Espagnols», ou «Les Catalans ont été opprimés sous le franquisme». Ce dernier point est incontestable… mais les Catalans, ou les Basques ne sont pas les seuls à avoir été opprimés par le franquisme. Et, pour rappel, deux générations nous séparent de la mort du Caudillo, mort en 1975. Quarante-quatre ans après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens, qui avaient souffert de l’occupation nazie, se réjouissaient avec les Allemands, de la chute du mur de Berlin, annonciatrice de la réunification des deux Allemagne.
• Par surcroît, comme lors de la campagne électorale pour le Brexit, cette campagne électorale en Catalogne a été marquée par des mensonges destinés aux électeurs. Les deux principaux étaient de dire que la Catalogne ferait d’office partie de l’Union européenne, et que sa monnaire serat l’euro. Or même si il n’y aurait pas de raison de refuser à une Catalogne indépendante l’accès à l’Europe, elle devrait, comme tout État candidat à l’adhésion, passer par un processus d’adhésion plus ou moins long. Et en principe, l’euro ne pourrait être sa monnaie dans l’intervalle.
• Le conflit catalan est un affrontement entre deux nationalismes: le nationalisme catalan et le nationalisme espagnol. Les premières victimes en sont les Catalans anti-indépendantistes, qui, pour l’instant, n’oseraient se risquer à afficher leur opinion, hors des nostalgiques du franquisme, dont les saluts fascistes ne peuvent réduire les Catalans anti-indépendantistes à des militants d’extrême-droite. Comme l’a posé Josep Borrell, prochain commissaire européen espagnol et catalan: «les indépentantistes catalans nient la « Catalanité » des Catalans anti-indépendantistes».
• Pareille forme de nationalisme est à la fois insidieuse est courante: on est un mauvais Catalan si on n’est pas indépentantiste, comme, en Flandre, on est mauvais Flamand si on postule le maintien de la Belgique.
• La ressemblance entre nationalismes catalan et flamand -ce n’est pas un hasard si Carles Puigdemont est soutenu par la N-VA, dans son exil doré à Waterloo-, ou encore avec les positions de la Lega en Italie (qui était à l’origine une Lega Nord, il faut le rappeler), c’est l’égoïsme d’une région riche, qui ne veut plus contribuer aux mécanismes de solidarité nationaux. Tous ces mouvements nationalistes sont fortement marqués à la droite extrême, voire à l’extrême-droite, y compris en Catalogne, où le spectre indépentantiste va pourtant de l’extrême-gauche à l’extrême-droite.
• La manifestation de l’intolérance est contenue dans le projet de Constitution catalane, présentée par la coalition Junts pel si, constituée par l’ensemble des partis indépendantistes catalans avant l’élection régionale de 2015. Les dispositions anti-discrimination, se vantaient-ils, étaient intégralement reprise de la Convention européenne des droits de l’Homme. Un seul critère avait disparu dans la transcription: celui de… la langue. Ce qui, en pratique, permettait de craindre que les Catalans hispanophones deviennent, rapidement, des citoyens catalans de deuxième zone.

 

Pour en sortir par le haut, il faut d’abord que les élections prévues les 10 novembre en Espagne se déroulent normalement en Catalogne comme ailleurs. Ce sera peut-être l’occasion de revérifier les forces en présence.

À terme, les Catalans doivent avoir le droit d’organiser un référendum sur leur indépendance, comme l’ont fait les Québécois à deux reprises, ou comme l’ont fait les Écossais. Mais on ne peut accepter que pour de tels référendums essentiels, une simple majorité de 50% plus une voix puisse l’emporter, car cela revient à créer deux camps opposés, comme c’est le cas pour l’instant en Catalogne.

Pour de tels référendums, une majorité significative et indiscutable devrait être requise, d’au moins 60% des voix. Ce qu’on pourrait obtenir par un double verrou: 75% de votants, et 75% de votes favorables parmi les votants. Ce qui revient à un total de 56,25% des électeurs.

Impossible à atteindre? C’est un défi à relever pour les tenants d’un tel référendum.

Antidémocratique? Personne ne l’a prétendu quand l’Union européenne a fixé un seuil de 55% pour le référendum organisé au Monténégro pour se séparer de la Serbie. Ce seuil a été atteint, et la séparation s’est faite en douceur.

Quant les règles du jeu sont connues à l’avance, on ne peut prétendre que le jeu est faussé. Sauf à être de mauvaise foi?

Pour l’instant, l’insurrection qui se prolonge en Catalogne rappelle le discours, prophétique, d’adieu de feu François Mitterrand devant le Parlement européen. «Le nationalisme, avait-il rappelé, c’est la guerre».

Des ministres moins nombreux… et donc moins efficaces?

La politique n’a pas bonne presse, et ce n’est pas l’épisode du ministre-président flamand, Jan Jambon, occupé à jouer sur son smartphone pendant le débat d’investiture de son équipe, qui aidera à lui rendre quelques lettres de noblesse. Mais généralement, à peine en fonction, nos excellences sont accusées de manquer d’efficacité, de ne pas respecter leurs engagements, voire de dilapider l’argent public.

Une critique populiste et récurrente à leur égard est qu’ils sont trop nombreux. Et, du coup, la tendance générale, depuis quelques années, est à une réduction du nombre de ministres. Et, comme le nombre de domaines à gérer, lui, reste invariable, cela entraîne la multiplication du nombre d’attributions dans le chef de chaque ministre.

Le tout, alors, est de tenter de donner une cohérence à chaque fonction ministérielle. Au niveau wallon, on s’y est attelé avec plus ou moins de bonheur. Par exemple en regroupant l’Économie et le Commerce extérieur dans le portefeuille de Willy Borsus. Y ajouter l’Agriculture peut encore se comprendre, même si en soi, elle aurait peut-être mérité un ministre à temps plein. Mais ne doit-on pas craindre que l’Innovation numérique et l’Aménagement du territoire soient les parents pauvres de ce ministère?

Dans le chef de Philippe Henry, le Climat et l’Énergie ont une certaine cohérence, et, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, il n’est pas illogique d’y ajouter la Mobilité et les Infrastructures. Mais n’est-ce pas trop pour un seul ministre?

Finances et Budget se tiennent, dans les mains de Jean-Luc Crucke. Il a conservé le portefeuille des Aéroports, soit. Lui restera-t-il du temps pour les Infrastructures?

Pierre-Yves Dermagne semble moins «noyé» mais la responsabilité des Pouvoirs locaux ne se suffisait-elle pas à elle-même? On ne voit pas son rapport direct avec le Logement.

Emploi, Formation, Action sociale et Égalité des chances réunies dans les mains de Christie Morreale, la complémentarité paraît parfaite. Mais la Santé, en plus, n’aurait-elle pas mérité un(e) ministre à temps quasi plein?

Valérie De Bue gérera sans doute le Tourisme et le Patrimoine en parallèle. Mais la Fonction publique lui en laissera-t-elle le temps? Et la Sécurité routière ne cadrerait-elle pas mieux avec la Mobilité, voire l’Aménagement du territoire?

Céline Tellier, venue de la société civile, paraît paradoxalement la mieux lotie, avec des domaines d’activité (Environnement, Nature, Bien-Être animal et Rénovation rurale) qui s’harmonisent parfaitement.

Du côté de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le plus simple est d’aller vérifier sur place (http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/index.php?id=composition-gouvernement): à part Caroline Désir, en charge de l’Enseignement, la liste des compétences de chacun(e) des ministres, y compris du ministre-président libéral Pierre-Yves Jeholet, s’apparente à un bric-à-brac où un chat ne retrouverait pas ses jeunes. Alors la cohérence? Ou la capacité de tout gérer?

Le phénomène a traversé la frontière linguistique, où la donne se complique, puisque Communauté et Région y sont fusionnées, et que le nombre d’attributions évolue donc à la hausse.

Le ministre-président Jan Jambon cumule ainsi sa fonction avec celle de responsable des Affaires étrangères,  et de la Cooopération au développement mais il est aussi en charge de la Culture, et de l’Innovation. Il lui faudra se multiplier!

Privée de l’Enseignement, Hilde Crevits a en charge l’Économie et l’Emploi, deux solides portefeuilles, mais aussi l’Agriculture. L’Économie sociale peut s’inscrire en complément de l’Économie, mais où lui restera-t-il du temps pour gérer l’Innovation?

Bart Somers paraît plus favorisé avec les Affaires intérieures, l’Intégration et l’Égalité des chances. La Gestion générale (la Fonction publique?) s’inscrit plutôt en complément.

La N-VA voulait l’Enseignement et l’a obtenu pour Ben Weyts. C’est déjà un énorme portefeuille en soi. Le Sport en plus? Waarom niet, mais le Bien-Ȇtre animal risque de ne pas lui absorber énormément d’énergie. On en dirait autant de la Périphérie bruxelloise… s’il ne s’agissait pas d’un ministre nationaliste. Mais alors, n’est-ce pas le Sport qui trinquera?

Zuhal Demir a reçu la Justice… qui n’est pas régionalisée. Cela lui laissera du temps pour s’occuper d’Environnement et d’Énergie. Mais ne devra-t-elle pas accorder une priorité au Tourisme?

Bien-Être, Santé publique, et Famille cadrent bien avec le programme démocrate-chrétien du président en partance, Wouter Beke. La Lutte contre la pauvreté sûrement aussi. Restera à trouver du temps pour chacun des domaines.

Comme Jean-Luc Crucke en Wallonie, Matthias Diependaele (N-VA) aura en charge le Budget et les Finances, deux attributions que l’on sépare dans bien des gouvernements. Le Logement et le Patrimoine immobilier pourraient en souffrir.

Sa collègue libérale Lydia Peeters est plus choyée: Mobilité et Travaux publics se conjuguent parfaitement.

Quant à Benjamin Dalle (CD&V), Bruxellois, il reçoit Bruxelles dans ses attributions… mais Bruxelles a un gouvernement.  Il devrait donc pouvoir gérer en parallèle la Jeunesse et les Médias.

Mettre fin aux cabinets ministériels

Faut-il donc en revenir à plus de ministres? La cohérence des compétences et un souci de bonne gestion le voudraient. Mais alors, dépenser plus d’argent? Une solution de bon sens serait de remplacer les cabinets «politiques» composés d’obligés des ministres en place par des cabinets techniques, composés de fonctionnaires déplacés de l’administration, dont le salaire est tout de même à charge des finances publiques. Mais le problème, peut-être, serait alors de remplacer ces fonctionnaires, par nature de rang supérieur, pendant la durée de leur détachement?

La question mérite sans doute débat. Mais la multiplication des attributions dans le chef des ministres, pour répondre de manière primaire à une revendication populiste, n’est manifestement pas une solution opportune.

Encore heureux, Jan Jambon a du «respect» pour le Parlement flamand

La journée de vendredi a été désastreuse pour le Parlement flamand, avec le vote par une majorité NVA-CD&V-Open VLD restée seule en séance de la déclaration de politique régionale, lue l’avant-veille par le nouveau ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA).

L’opposition unanime, de l’extrême-droite Vlaams Belang à l’extrême-gauche, PvdA, en passant par les écologistes de Groen et les socialistes du sp.a, était sortie après une très longue suspension des débats, à la demande du chef de file des Verts, Björn Rzoska. Les élus d’opposition réclamaient l’épure budgétaire qui a sous-tendu la déclaration de politique régionale avec d’autant plus de mordant, que Jan Jambon, la veille, dans l’émission Via Politica de la VRT, avait déclaré détenir ces chiffres, «mais que l’opposition ne les obtiendrait pas, même si elle le demandait».

Björn Rzoska et les autres chefs de groupe étaient d’autant plus déterminés à les obtenir que les communes flamandes avaient déjà reçu, entre-temps, un tableau qui leur permet d’anticiper l’évolution de leurs rentrées.

Seul, l’ancien ministre N-VA flamand de l’Emploi, Filip Muyters, est intervenu au secours de ses anciens collègues, en notant que la discussion budgétaire suit généralement le débat sur la déclaration gouvernementale, et en renvoyant notamment au Parlement bruxellois (où le gouvernement n’avait pas déclaré déjà disposer d’une trajectoire budgétaire au moment de présenter ses engagements politiques, Ndlr).

Tout en témoignant de son «respect pour le Parlement», le ministre-président Jan Jambon a choqué une partie de l’auditoire en interpellant brutalement en dialecte anversoise la présidente de Groen, Meyrem Almaci, qui estimait qu’une discussion du budget, mardi prochain, comme il l’annonçait viendrait «trop tard». «Ce n’est pas quand même toi qui vas en décider» a-t-il lancé. Oubliant que dans une enceinte parlementaire, un ministre ne tutoie pas un(e) élu(e), et que les députés entre eux (elles), même s’ils ou elles se connaissent parfaitement, se vouvoient au cours des débats.

Le ministre-président a aussi donné dans un humour particulier, en affirmant qu’il foulait «aux pieds la démocratie encore plus que les nazis ou les communistes» en organisant deux débats rapprochés, un sur sa déclaration de politique régionale, et un autre sur le budget qui permettra sa mise en œuvre.

Et comme à la rentrée en séance, la présidente du Parlement, Liesbeth Homans (N-VA) avait fait approuver l’ordre du jour tel qu’établi, l’opposition est sortie.

«Devons-nous débattre ou pouvons-nous passer au vote directement?» a alors interrogé l’ancienne ministre flamande des Affaires intérieures. C’était sans compter sur la volonté des chefs de groupe de la majorité d’aller prononcer les discours creux qui ne peuvent qu’être les leurs en pareille circonstance, pour dire tout le bien qu’ils pensent du gouvernement.

Pareil débat non-contradictoire n’est guère de nature à passionner c’est vrai. Et le ministre-président, comme sa voisine, la vice-ministre-présidente CD&V, qui pensait peut-être toujours à sa compétence perdue de l’Enseignement, ne paraissaient pas vraiment à l’écoute.

Ce qui est compréhensible, mais guère excusable pour les discours compassés des chefs de groupe l’était beaucoup moins à l’égard de la seule intervention d’une élue au cours de cette séance surréaliste.

Sihame El Kaouakibi a beau être une toute jeune élue Open VLD, elle a déjà un solide parcours derrrière elle. À 33 ans, elle affiche déjà toute une série de titres (Antwerpenaar van het Jaar (2011), Vlaamse Cultuurprijs (2012), Belgium’s Outstanding Young Person (2012), Straffe Madam (2013), une des 30 fortes femmes qui ont changé le monde) et elle ne s’est manifestement pas présentée pour faire de la figuration. Son intervention, pour se dire, malgré son soutien à la déclaration gouvernementale, favorable à une société flamande ouverte, n’a pas fait lever les yeux des ministres. Elle a aussi été suivie d’un silence assourdissant, qui rappelait celui, naguère, qui pesait sur n’importe quelle prise de position du seul élu de l’Union francophone. Quelques instants plus tard, la députée libérale quittait l’hémicyle. Seule. Et déjà peut-être ébranlée par la puissance d’une particratie qui déteste toute forme de prise de parole individuelle.

Mais le manque d’attention de Jan Jambon procédait d’une autre préoccupation: en pleine séance du Vlaams Parlement, le nouveau ministre-président était absorbé par une partie d’Angry Birds sur son smartphone, comme le révélera la caméra indiscrète de la VRT qui enregistrait ce débat d’investiture historique.

Encore heureux qu’auparavant, il avait exprimé son respect de l’institution! Le crédit qu’on peut lui accorder sur ce point doit-il s’étendre désormais à son engagement solennel de ranger la Flandre parmi le peloton de tête des régions européennes? En tout cas, l’épisode dans son ensemble a déjà de quoi nourrir largement l’anti-politisme ambiant!